La creciente determinación de los ciudadanos de vivir en un entorno más sano y la prédica de numerosas organizaciones de la sociedad civil que alertan sobre las dramáticas consecuencias que tiene para los pueblos la desidia (o complicidad) de sus representantes en el tema ambiental, se ha convertido en el nuevo gran desafío que enfrenta nuestra democracia.

El reclamo de los habitantes de Famatina (La Rioja) y Andalgalá (Catamarca), en torno a las consecuencias de un tipo de explotación minera (la que utiliza cianuro y envenena nuestras aguas) son un claro ejemplo tanto de compromiso ciudadano, como de las distancias cada vez más profundas que surgen entre los gobiernos y sus representados cuando lo que está en juego no son sólo los intereses de la población (en este caso la salud), sino también poderosos intereses económicos.

Las primeras respuestas no son alentadoras. En los dos casos mencionados, quienes se manifestaron en defensa de un ambiente sano fueron víctimas de una rabiosa represión ordenada por el poder político local ante la anuencia del gobierno federal. Más grave aún, la administración de Cristina Fernández de Kirchner impulsó y logró aprobar en el Congreso de la Nación, a fines del año pasado, la nefasta ley “antiterrorista”. Ya no quedan dudas acerca del verdadero objetivo de esta norma claramente inconstitucional que avala la
advertencia opositora de que “el modelo cierra con represión”.

Hay más ejemplos en el país, uno de ellos paradigmático, porque involucra nada más ni nada menos que al Secretario de Medioambiente de la Nación Juan José Mussi. El caso de la subestación eléctrica Rigolleau que está siendo construida por Edesur en pleno casco urbano de la ciudad bonaerense de Berazategui (de la cual Mussi fue Intendente cuando comenzó el conflicto y hoy lo es su hijo Juan Patricio) tiene todos los condimentos de Famatina y Andalgalá con el agravante de que no ha logrado suscitar la atención de los medios de comunicación (en los cuales Edesur posee poderosas pautas), garantizando el ostracismo para los que allí pelean por su calidad de vida.

La lucha de la “Asamblea de vecinos autoconvocados por el traslado de la Subestación Rigolleau” data del año 2005, cuando los vecinos se dieron cuenta que los cables que estaban instalando frente a sus casas eran de alta tensión y tenían como destino alimentar una futura subestación ubicada en las calles 145 y 21. En más de 5 años se constituyó un movimiento social que nunca abandonó el reclamo de traslado de la subestación fuera del casco urbano de Berazategui.

Creyeron (y lo siguen haciendo), en el diálogo, comenzando por quien más al frente del reclamo debiera estar: el propio municipio. Se basan en prestigiosos trabajos epidemiológicos internacionales que muestran cómo campos magnéticos de frecuencias extremadamente bajas (ELF), disparan la probabilidad de leucemias en niños expuestos. Tanto la estación transformadora, como los tendidos asociados de líneas de alta tensión, que crearán campos magnéticos en una amplia y habitada franja urbana, conforman una amenaza ineludible para la salud de las personas.

Los asambleístas de Berazategui denuncian que los campos magnéticos de frecuencias extremadamente bajas fueron clasificados como “posibles cancerígenos humanos” (grupo 2B) por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), un organismo situado en Lyon (Francia) que trabaja junto a la Organización Internacional de la Salud (OMS). Agregan que las autoridades parecen olvidar también que en Argentina rige el Principio de Precaución por el imperio del Artículo 4° de la Ley Nacional de Ambiente 25675.

El pasado 13 de febrero los alrededores de la Subestación Rigolleau aparecieron vallados, y cientos de policías y gendarmes impiden la libre circulación dejando encerrados a los vecinos de la zona que deben mostrar sus documentos para poder ingresar a sus domicilios. Ni las autoridades de Edesur, ni el Intendente Juan Patricio Mussi, ni el Secretario de Medioambiente Juan José Mussi atinaron hasta aquí a recibir a los asambleístas. Gustavo González, docente universitario y militante radical, que participa activamente de las asambleas desde el inicio del conflicto, denunció que la población tiene miedo y teme por la seguridad de los ciudadanos que antienen esta lucha.

En Berazategui, una vez más, están en juego derechos humanos esenciales, garantizados por nuestra Constitución Nacional. Ambiente sano, desarrollo sustentable, libertad de expresión y reunión, integridad personal de los ciudadanos, protección frente a los abusos de poder. Lo que está en juego, en definitiva, es la democracia.

Me pregunto: ¿cuántos casos Berazategui hay? Estoy convencido que muchos. Es preciso movilizarnos y comprometernos por una democracia cabal, en la cual los representantes del pueblo lo sean verdaderamente y los que luchan no reciban como respuesta la visita de la policía.

Es cierto que el veto es un derecho constitucional del Jefe de Gobierno, pero como todo, que se pueda hacer no significa que esté bien y mucho menos que sea sano llevarlo a cabo. Más cuando se trata ya no de una excepción a la regla, sino de una costumbre reiterada. Gravísimo cuando la ley vetada versa sobre la educación de nuestros hijos.

¿Será que Macri tiene miedo?

Seguramente todos tenemos muy vívidas aún las imágenes y los sucesos acontecidos hacia fines del año pasado en la legislatura al momento de discutir y sancionar la ley 4119, fuertemente cuestionada desde diversos sectores. Más allá del resultado y de las formas, si algo bueno surgió de ese proceso fue la decisión y consecuente incorporación al proyecto original de la realización en el presente año de un congreso pedagógico para debatir el presente y el futuro de la educación de los porteños.

A mi no me queda duda alguna que el veto es una mala decisión. Debatir sobre la educación en la ciudad, de manera abierta, democrática y participativa; de forma coordinada y responsable, con el Estado como moderador e impulsor del debate, siempre es una acción positiva.

Aún cuando los niveles de calidad y equidad sean óptimos o ideales (éste no es el caso, por cierto), ¿alguien puede dudar de las potencialidades y bondades de dar debates de éste tipo, en los que la sociedad, sus actores políticos y civiles se congregan para discutir los temas de mayor trascendencia? Yo no.

Muy por el contrario, considero que estos ámbitos no deberían ser fruto de la voluntad individual, sino espacios institucionales dinámicos y plurales. Las decisiones políticas deben atender a las necesidades de una sociedad que quiere involucrarse, deben ser proclives a generar ese compromiso y constituir los medios y ámbitos propicios para ese fin. No vetarlos.

Sí, debe ser miedo. Miedo, probablemente, a un fuerte cuestionamiento. A que del debate surjan a la luz las debilidades de una política educativa basada casi exclusivamente en obras de infraestructura y en marketing. Los argumentos esgrimidos para fundamentar tan poca decorosa decisión, no dan lugar a imaginar otra motivación.

¿Qué no podrían cumplirse los días de clases? ¿Falta de coordinación? ¿Qué no hay presupuesto para ese fin? ¿Qué ya se discutió en el 2006? Los fundamentos del decreto 53/12 que veta la realización del congreso pedagógico no sólo son irrisorios, sino también insultantes.

Primero, si es el propio Estado quien constituiría el congreso pedagógico, ¿está diciendo que el mismo no tendría la capacidad de cumplir con ambas responsabilidades? Y por otro lado, ¿de verdad considera el ingeniero que 10 días más de clases es la fórmula mágica para la solución de los problemas y las desigualdades educativas de la ciudad? ¿Tan efectiva como para impugnar un espacio institucional de debate serio en materia educativa?

Segundo, si no hay ni presupuesto ni capacidad de coordinación, ¿eso no desnuda la inoperancia de su propia gestión? ¿O quien administra los recursos de la ciudad?

Y por último, en el 2006 se discutió y sancionó una Ley de Educación Nacional que establece, entre otras cosas, que cada distrito debe acoplar su legislación a esa norma.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no ha dado ni siquiera un pequeño paso en esa dirección. ¿No sería un congreso pedagógico un buen comienzo en ese sentido? Además, vaya pobreza argumentativa para desconocer que los avances en materia de educación que pueden darse en un lustro no ameritan siquiera la rediscusión ni revisión del sistema.

Sí, el Jefe de Gobierno debe tener miedo de someter a la discusión abierta y democrática de la sociedad el presente y el futuro de la educación porteña. Si no, no se entiende el veto al congreso pedagógico.

El 18 de enero los argentinos, quizás, dediquemos algunos minutos a recordar a Arturo Umberto Illia, ex presidente de la Nación (1963-1966), a quien hemos reconocido como un gran hombre, como es costumbre nacional, luego de su muerte.

Los radicales concurriremos al cementerio a honrar a uno de nuestros principales próceres, de una galería de figuras que nos enorgullece y que hunde sus raíces en el siglo XIX. De Alem a Alfonsín, el radicalismo tiene una gran lista de patriotas que dejaron su vida por su pueblo. Ningún sinvergüenza ocasional puede quitarle brillo.

El radicalismo argentino está vivo, en buena medida, por su capacidad de refundarse de la mano de estos militantes diferentes, peculiares, que nos mostraron, a veces con aciertos, otros equivocados, el camino. Recordarlos, honrarlos, significa entonces buscar en ellos las claves del futuro que debemos construir.

Esta es la manera que elijo de recordar a Illia en el 29 aniversario de su muerte: pensar en el futuro del partido (y de la Nación), plagado de dificultades en este presente en que me toca (nos toca) actuar.

En este mismo blog he escrito hace poco tiempo mi convicción de que el radicalismo sufría una doble crisis: de identidad y de conducta. Pocos radicales condensan como don Arturo esas dos palabras en una sola. Es que para él ser honesto era ser radical, y viceversa.

Nuestro partido envejece. Las generaciones más jóvenes eligen mayoritariamente otros espacios políticos para canalizar su vocación pública. Cuando un joven se acerca y pregunta por qué motivos debería militar en el radicalismo, las respuestas, cuando las hay, no suelen resultar convincentes.

Creo que es ahí cuando nos debemos acordar más de Illía, a la hora de responder esa pregunta mirando a los ojos de nuestro interlocutor: “Para ser como Illia”, debiera ser el inicio de nuestra respuesta. Más que una invitación, una advertencia.

Advertir que en el radicalismo, en el de don Arturo, no se viene a servirse sino a servir.

Advertir que al radicalismo se viene a luchar, no por el poder, sino por los principios que deben ordenar el ejercicio del gobierno.

Advertir que es muy difícil ser radical y ser rico. Las maneras honestas de hacerse ricos son incompatibles con el tiempo que demanda la militancia partidaria.

Advertir que los “atajos” nunca son buenos, y ello se puede corroborar en la conducta política de Don Arturo.

Luego de esta advertencia, podremos hablar mucho tiempo de las luchas radicales, desde el llano y desde el gobierno. Podremos convencer a nuestro interlocutor que se puede ser honrado y eficaz. Que el “roban pero hacen” es una trampa para saquear al pueblo.

Podremos hablar, entonces sí, del partido moderno que debemos construir. De la necesidad de actualizar nuestras instituciones, de profesionalizar ciertos ámbitos de la vida partidaria, de políticas de alianza con otras fuerzas afines, de la búsqueda del gobierno.

No puedo afirmar si lograremos revertir la tendencia y seducir al grueso de la juventud argentina. Es posible que ello sea el resultante de una tarea más compleja. Pero estoy convencido que quien se sume a partir de esta advertencia – invitación (para ser como Illía) será radical para siempre.

 
“Si estamos defendiendo los intereses del pueblo, pues no tengo ningún problema en que seamos una escribanía”. Julián Domínguez, Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.

 
Podría tratarse de una más de las abundantes obsecuencias hacia la Presidente Cristina Fernández de Kirchner por parte de sus colaboradores. Pero habiendo surgido del hombre que está ubicado en el cuarto lugar de la sucesión presidencial argentina amerita, al menos, llamar la atención sobre la superficialidad, frivolidad e irresponsabilidad con la cual se expresan y actúan las principales espadas kirchnerista.

 

La hiperactividad del Congreso de la Nación en las últimas semanas del año podría presumir la robustez de nuestras instituciones. Sin embargo, la casi total ausencia de debate en leyes claves, sumado a los modos y al destrato por parte de las contundentes mayorías oficialistas hacia la oposición, permiten imaginar tiempos difíciles para los defensores de la división republicana de gobierno. Frente a ello, la expresión de Domínguez, sin duda, desafortunada, no deja de ser un profundo sinceramiento.

 
Todos los actos del gobierno desde las pasadas elecciones de 23 de octubre vienen confirmando la imposición de una nueva “cultura” política tendiente a degradar todas las expresiones institucionales de equilibrio del poder y respeto por las minorías y la pluralidad de ideas. Baste recordar, desde lo simbólico, las circunstancias que rodearon la sucesión presidencial.

 
Más grave resulta cuando todos estos actos son realizados en nombre de los “intereses del pueblo”. Como si los millones de argentinos que no votaron por este gobierno formaran parte del “anti pueblo”. La burda simplificación, cargada de cinismo, es además un ejemplo de la baja calidad formativa y argumentativa de los dirigentes oficialistas.
 
Frente a ello cabe esperar que los diputados y senadores de la oposición despierten y comiencen por plantear el respeto a su propia investidura, que no es otra cosa que el reconocimiento a su condición de representantes, ¡también ellos!, del pueblo que los votó. Si se permiten abusos porque “arrasaron en las urnas”, es posible que la reacción llegue tarde.

 
Es tiempo de legisladores valientes que, como aquel bloque radical de los 44, supo entrar en la historia como límite último a los deseos del fundador del peronismo de convertir el país en una democracia plebiscitaria y al congreso en una escribanía del gobierno. Es lo que esperamos de la oposición, al menos de la que consideramos la valla más importante al avasallamiento de las instituciones, la Unión Cívica Radical.
 

La crisis radical no es de sus instituciones, es de identidad y es de conducta

Es saludable que los radicales asumamos que el partido está en crisis, pues ello es vital para trabajar en el cambio que necesitamos.

Lo primero que debemos establecer es su naturaleza. Desde mi perspectiva, el resultado electoral de agosto y octubre es apenas un emergente de una crisis más duradera, sobre la cual las generaciones más jóvenes del partido venimos alertando desde hace años.

La crisis radical es, esencialmente, de identidad. Y es de conducta. Dos elementos constitutivos del ADN radical cuya reparación no depende de la modificación de la Carta Orgánica. Para decirlo más claro, no se trata de las reglas sino de la predisposición de todos a cumplirlas.

Como reformista convencido, no me opongo a revisar nuestras instituciones partidarias.

Siempre es posible mejorarlas de manera que en siglo XXI sigan cumpliendo los objetivos fundacionales de la UCR. Pero caeríamos en voluntarismo político, o lo que es peor, en mero maquillaje coyuntural, si depositamos en esa reforma nuestras expectativas de superación de la crisis partidaria.

Cabe esperar que, de avanzarse en una modificación a nuestra ley partidaria
fundamental, se realice cumpliendo los plazos y requisitos que ella misma establece para su reforma. Algo elemental en el partido del respeto a ley.

También deseamos que sea producto de un debate profundo, horizontal y democrático, que otorgue participación al afiliado y a los militantes, ausentes en todas las decisiones partidarias de los últimos tiempos.

Sostengo que la crisis es de identidad. Lo primero que debemos establecer es que el radicalismo no es un partido de “poder”, sino de “principios”. No es un juego de palabras ni una apelación a convertirnos en una fuerza testimonial.

Sencillamente digo que es en torno a nuestros principios que debemos reunir a las mayorías que aspiramos a representar.

Ello nos conduce a otro elemento importante a la hora de definir la “identidad” radical: el sujeto de representación.

Claramente el peronismo kirchnerista nos arrebató la representación de los sectores medios de la sociedad, en tanto pudo encarnar el ideal de progreso y movilidad social, demandas específicas de este sector de la población.

Paralelamente a que sus políticas, de cuño populista, pero distributivas al fin, le permitieron afirmarse en las capas más pobres, donde el peronismo es fuerte desde su fundación.

¿Qué ha hecho la Unión Cívica Radical ante esto? Para mí está claro: mutó en una fuerza más conservadora y renunció a la representación de sus bases históricas.

Recuperar nuestra identidad supone entonces dar la batalla por la representación de los humildes y de la clase media. Es eso o ser el partido que represente a las corporaciones y a los sectores más concentrados.

La otra cara de la crisis, en mi opinión, es de conducta. Es cierto que, confundida o bastardeada la identidad, cada dirigente o cada sector partidario hayan sentido el derecho de actuar de la manera que más se ajusta a su propia interpretación de la misma. He aquí el meollo de la cuestión, la profundidad de la crisis. Aún así, asumiendo cierta justificación al “sálvese quien pueda”, considero que hemos llegado a niveles intolerables de insolidaridad política entre integrantes de un mismo partido.

No me refiero tanto al triste “festival de egos” que caracteriza a nuestra actual dirigencia partidaria. Hago hincapié en un hecho que pinta la inconducta partidaria con toda claridad: hemos ido a una elección nacional con un candidato que pese a su gran despliegue militante, acabó aislándose del partido y de la militancia, que se rodeó de una camarilla que lo mal aconsejó (como toda camarilla), y que se convirtió en un candidato autista. Como contrapartida asistimos impávidos al abandono a su suerte, desde la más alta esfera partidaria (y de ahí para abajo propagado como mancha de aceite), del candidato y de la fórmula.

“Doctrina para que nos entiendan, conducta para que nos crean”. He aquí el programa de las nuevas generaciones del radicalismo, inspirado en el más lúcido de los intelectuales de nuestra historia partidaria, y a la vez el más completo militante. No se trata de reformas apuradas ni de maquillajes.

Mucho menos de hombres providenciales. Se trata, a mi entender, de dar paso a una profunda y verdadera renovación partidaria, que nos reencuentre con la esencia del “ser” radical, que es la representación de los que más nos necesitan desde la concepción de la emancipación del hombre de toda servidumbre, con la legitimidad del militante que se sacrifica por sus conciudadanos desde la transparencia de su conducta ética. Estoy persuadido que ese es el radicalismo que la gente anhela y que esa debe ser la catadura moral de las mujeres y hombres que encumbremos en el proceso partidario que viene, en el cual, estoy convencido, las nuevas generaciones deben tener un rol absolutamente protagónico.

Amig@s, en pocos días asistiremos a las urnas una vez más para elegir democráticamente, no sólo al Presidente de la República por los próximos años, sino también a gobernadores, intendentes, senadores, diputados, etc. Sea cual fuere el resultado de las mismas, es importante señalar que el Congreso que viene tiene una enorme responsabilidad, que es legislar con convicción, controlar al resto de los poderes (Ejecutivo y Judicial) y ser el lugar del debate de la Argentina de los próximos años.

Por estos días, estuvo circulando en los medios (y varios candidatos se expidieron en tal sentido), la posibilidad de una Reforma Constitucional para pasar a un sistema parlamentario de gobierno. Lo que conllevaría a la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner pueda superar la imposibilidad de un tercer mandato. Así las cosas, CFK podría completar sus dos mandatos como presidenta de la nación y luego ser electa “Primer Ministro”, o “Canciller” tal es el caso de Angela Merkel en Alemania.

Ya varios “intelectuales” como Ernesto Laclau (de consulta corriente con la Rosada) se expidieron elípticamente en tal sentido y dijo que “la reelección indefinida es la fórmula más democrática en América Latina”. Pero no sólo la usina de pensamiento Kirchnerista opera en tal sentido, también varios funcionarios manifestaron su adhesión a tal sistema como Diana Conti o el propio Ministro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, aunque este último, y para ser justos, apoya al parlamentarismo desde siempre.

Ante estos planteos, muchos salieron a calmar las aguas diciendo que la mínima mención del mismo operaría en la lógica de mantener controlada la interna del PJ, otros, muy por el contrario dicen que el proyecto cobraría fuerza y vigor si el gobierno obtuviese una victoria aplastante el 23 de Octubre.

En cualquiera de los dos casos, quisiera manifestar mi absoluto rechazo a la posibilidad de reformar la constitución para permitir que una misma persona puede ser Jefe de Gobierno por más de dos períodos consecutivos. Si bien no me cierro a los debates acerca del mejoramiento de la forma de gobierno (soy reformista por convicción y formación), soy de los que creen que antes de reformar constituciones, primero hay que cumplir las que están vigentes, y la nuestra dista bastante de lograr tal estadío.

En este marco, recobra importancia la elección legislativa del próximo domingo. La UDESO tiene una postura clara, con hombres y mujeres de trayectorias intachables y que garantizan los equilibrios necesarios para la defensa de la república y el sistema de frenos y contrapesos.

Mi compromiso como joven radical que aspira a representar a la UCRCapital desde la Cámara de Diputados es trabajar por ustedes, y para ello me parecía de suma importancia no ser ambiguo en este punto.

ENLACE: http://cadenaba.com.ar/nota.asp?Id=3720

Si hay una problemática relacionada a la cuestión de género que conlleva a profundizar las desigualdades sociales, es la relacionada a todos los aspectos de la salud sexual y reproductiva de la mujer.

No existe en la Argentina ninguna política pública seria ni educativa acerca del control de la natalidad. Las mujeres pueden retirar de los hospitales públicos métodos de anticoncepción de manera gratuita (preservativos y pastillas anticonceptivas), pero la entrega no está acompañada de información acerca de su utilización.

Teniendo en cuenta que son las mujeres de bajos recursos las que concurren a nosocomios públicos, es el sector social donde se encuentra el mayor número de embarazos no deseados. Los métodos anticonceptivos son utilizados de manera incorrecta, provocando embarazos no deseados en mujeres de corta edad, adolescentes y niñas.

Una política de educación es fundamental para la prevención de muchas situaciones evitables que llevan a la mujer a poner en peligro su propia vida. Campañas de difusión y profesionales que acompañen la entrega de métodos anticonceptivos a partir de la información acerca de su correcta utilización, como también información general sobre otros métodos de prevención de embarazos no deseados y de cómo evitar contraer enfermedades de transmisión sexual son esenciales para evitar situaciones de riesgo.

La educación sexual debe ser obligatoria en las escuelas. Hoy los jóvenes inician su vida sexual cada vez a más temprana edad. Métodos preventivos y de anticoncepción deben ser los pilares en esta materia, como así también todo lo relacionado a una vida sexual libre y sana.

Otro tema que debemos tener en agenda es lo relacionado al control de la natalidad. Es común ver familias numerosas en los sectores más desposeídos de nuestra sociedad.

La mujer debe tener la libertad de tomar las decisiones con respecto a su cuerpo, pero desde ya debe obtener toda la información acerca de los beneficios y las consecuencias que esas decisiones comprenden para que la decisión final sea tomada con absoluta conciencia.

Por supuesto que si hablamos de salud sexual y reproductiva no podemos dejar de hablar de un tema que sabemos es controversial, pero es sin dudas el más problemático en este aspecto: el aborto.

La interrupción voluntaria del embarazo es ilegal en la Argentina, salvo en casos excepcionales donde es no punible. La única posibilidad ante esta situación es una autorización de la justicia, pero el trámite demora tanto que al estar el embarazo avanzado la realización del aborto se vuelve de alto riesgo para la mujer.

Lo cierto es que a pesar de la ilegalidad se practican miles de abortos en nuestro país. Mujeres de todas las edades y de todos los estratos sociales recurren a esta práctica para terminar con un embarazo no deseado.

Las estadísticas muestran que el número de muertes de mujeres por abortos mal practicados está en constante crecimiento.

En este punto las desigualdades sociales se profundizan. Las mujeres que tienen recursos pueden acceder a una práctica segura en sanatorios privados, donde sus vidas no corren riesgos ante las contraindicaciones que pueden provocar la práctica de un aborto (infecciones, dolores abdominales agudos, hemorragias, entre otras).

Sin embargo, las mujeres que no poseen recursos son sometidas a situaciones infrahumanas sin ningún tipo de control, a veces con falta de higiene y en lugares que lejos están de tener las condiciones mínimas para un procedimiento de estas características. Las contraindicaciones que se pueden presentar no son atendidas y así llegamos a situaciones que llevan a la muerte como las infecciones no tratadas o las hemorragias no controladas.

En la Argentina muchas mujeres se han practicado abortos. El debate acerca del tema debe ser tomado de manera seria, responsable y rompiendo con prejuicios. Es necesario brindar un marco legal a esta problemática para garantizar una verdadera igualdad de derechos. El Estado debe hacerse cargo y poner a disposición sus instituciones de la salud para que las mujeres de bajos recursos dejen de acudir a lugares clandestinos que derivan en la muerte de muchas de ellas.

Solo el estado puede garantizar la igualdad de oportunidades. La educación desde temprana edad en las escuelas, colegios secundarios, en los hospitales públicos, en los nosocomios privados acerca de las opciones y sus consecuencias, como así también la garantía del derecho a elegir, deben ser prioridades en el diseño de las políticas públicas.

Porque estoy a favor de la vida, no me resigno a que siga aumentando el número de mortalidad materna en la Argentina. La concientización y el respeto de la libertad de elección de la mujer debe ser el paradigma que guíe una política educativa masiva y el real goce de un sistema igualitario para todos y todas.

El 18 de septiembre, desde hace 5 años se ha convertido en una oscura efeméride para la democracia argentina.

Ese día desnuda la realidad de los Derechos Humanos en nuestro país, nos muestra que a pesar de lo mucho que se ha hecho en función de castigar a los mayores responsables del terrorismo de estado, tarea que por cierto se iniciara en 1983, es muy poco que hicimos como sociedad para hacer de los Derechos Humanos una verdadera política de estado.

Más allá de las especulaciones políticas que pueden hacerse, existen los datos de la realidad, verdades que por antipáticas que sean deben decirse: El estado actuó con desidia frente a la necesidad de proteger a los testigos que incriminaban a personajes que tenían bajo su mando estructuras delictivas intactas en las fuerzas de seguridad y es incapaz, luego de producida la segunda desaparición de Julio López, de actuar con celeridad y eficiencia para encontrarlo.

Pero lo que resulta aun más indignante, es que nadie se hizo cargo de lo sucedido, nadie fue responsable de los errores fatales que se cometieron, los gobiernos nacionales y de la provincia de Buenos Aires solo han intentado tender un manto de olvido sobre este episodio, y pareciera que a nadie con responsabilidades estatales le importa que la causa esté desde hace dos años paralizada.

Son muchos los organismos de Derechos Humanos que no están dispuestos a dejar que la desaparición de Julio López quede en el olvido, a sabiendas que muchas veces luchan y reclaman en soledad, quizás porque están lejos del calor oficial o porque eligen no callar lo que no es posible callar si el verdadero objetivo es buscar justicia y verdad.

La ausencia de Julio López, se ha convertido en una peligrosa luz de alerta para nuestra sociedad, que intenta advertirnos que los Derechos Humanos son un problema del presente, pero también pretende interpelar nuestra conducta, pretende sacudir nuestra indiferencia frente a tantas muertes impunes por causas sociales como las de Formosa y Jujuy o la de Emanuel Ferreyra aquí mismo en nuestra Ciudad de Buenos Aires.

En todas estas muertes hay un denominador común, el Frente Para la Victoria no solo es el partido que cobija a los gremialistas sospechados de ser los responsables de llevarse la vida del joven Ferreyra, también es el partido que gobierna en Jujuy donde la represión estatal dejo muertos que reclaman por el derecho a una vivienda digna, es el partido de Gildo Insfrán, gobernador de Formosa desde hace casi tres décadas y que dio la orden de reprimir a los pueblos originarios que reclaman por el derecho a la tierra.

Existe la sensación de que ante un reclamo donde el resultado es la muerte de los que reclaman y el poder político esta involucrado, con seguridad no habrá responsables, nadie pagará por esas muertes, y nos preguntaremos acaso si esta es la exitosa política de Derechos Humanos de la era Kirchnerista, o si ella sólo fue descolgar el cuadro de un genocida, y perseguir a dictadores decrépitos.

Quienes estamos convencidos de que los Derechos Humanos son más que una estrategia de marketing político; los que no olvidamos los crímenes del pasado, pero tampoco los del presente, tenemos la obligación moral de continuar la lucha por la Justicia y la Verdad.

Mientras tanto, Julio López no aparece, y mientras nos sepamos que pasó con él, su recuerdo será una brasa que continuará ardiendo en la conciencia de una sociedad que alguna vez debiera dejar de tolerar tanta impunidad, de lo contrario es probable que algún día nos demos cuenta que los derechos mas básicos del hombre, como la vida y la libertad se han convertido en una quimera porque no supimos reaccionar a tiempo. Probablemente ese día ya sea muy tarde.  Por eso hoy vale la pena recordar aquel poema del pastor luterano alemán Martín Niemöller:

Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista…

Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio,  porque yo no era socialdemócrata…

Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista…

Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, porque yo no era judío…

Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar…

En las últimas semanas cobró cierta importancia en el debate político el proyecto presentado por el oficialismo nacional para regular la propiedad de la tierra en manos de extranjeros. El proyecto está siendo evaluado en el Congreso y al parecer el kirchnerismo tiene toda la voluntad de hacer las modificaciones pertinentes para así poder darnos una verdadera ley que tenga todo el peso que una ley de este tenor puede y debe tener. Bienvenido sea. Vale aclarar que este comportamiento no ha sido habitual en el kirchnerismo y es importante destacarlo.

El proyecto en sí mismo es bastante corto, consiste en 17 artículos y su fin último es, básicamente, limitar la cantidad de tierras que los extranjeros puedan comprar. Vale decir que, en primera instancia, comparto el sentimiento dado que la tierra es un recurso estratégico que los argentinos no podemos darnos el lujo de perder.

En un mundo en el que los recursos naturales se están convirtiendo cada vez más en bienes escasos, en un mundo en donde la producción agropecuaria y alimentaria está en creciente demanda debido al ingreso de nuevos jugadores al mercado mundial, la tierra es un recurso estratégico que debe permanecer en manos de los argentinos para garantizar nuestra soberanía y nuestra posición en este nuevo escenario internacional.

Habiendo dicho esto, el proyecto tiene algunas cuestiones que creo podrían modificarse para mejorarlo. En primer lugar creo que es interesante la creación de un ente que lleve adelante un registro de las tierras agropecuarias en manos de extranjeros pero creo que el plazo de 180 días terminará siendo uno de esos plazos que nunca se cumplen. Actualmente no hay cifras confiables en cuanto al porcentaje de tierras en manos de extranjeros y es una necesidad en materia de gobierno (y de seguridad) tenerlas. Para ese fin habría que extender los plazos y dotar a los organismos provinciales de los recursos necesarios para ello.

Por otro lado, creo que habría que hacer una salvedad para aquellos extranjeros que residen en la Argentina desde hace un tiempo y que son, a todas luces, ciudadanos que habitan nuestro suelo.

Asimismo, creo que se debería promover una clausula de excepción para los proyectos de inversión productiva que garanticen trabajo y desarrollo para los argentinos.

Por último y para garantizar el enfoque federal del proyecto, se debería pensar no en términos de hectáreas (el proyecto propone el límite de mil para extranjeros en todo el territorio) sino de unidades económicas, debido a que no son lo mismo 1000 has. en la pampa húmeda que en el noroeste argentino.

Como se desprende de estas pequeñas y breves salvedades que he nombrado, estoy a favor de que llevemos adelante un profundo debate, sin prejuicios ni chicanas, para poder sancionar el mejor proyecto posible que garantice los derechos de los argentinos.

En los últimos tiempos se han alzado muchas voces a favor y algunas en contra acerca de la implementación de la Boleta Única (BU) a nivel nacional, que ya se ha implementado con cierto éxito en las provincias de Santa Fe y Córdoba. En rigor de verdad, el Sistema Electoral Argentino ha sufrido poquísimas modificaciones desde la sanción de la Ley Sáenz Peña en 1912. Veamos algunos argumentos a favor y en contra.

Una de las primeras ideas que vienen a mi mente para considerar a la BU es que siempre me pareció un poco agresivo con el medio ambiente que cada partido tenga que imprimir millones de boletas. En un país con aproximadamente 28 millones de electores, y suponiendo que cada partido debe imprimir boletas de más para evitar posibles robos y que tenemos en promedio una decena de candidatos a la primera magistratura, esto nos da una suma exorbitante de cientos de millones de boletas sólo para cargos nacionales y por vuelta electoral. Con la BU esta desproporción se reduciría sólo al número exacto de boletas por votante.

Otra de las cuestiones que me parece importante resaltar (ya que es común que haya irregularidades en este punto) es que siendo el Estado y nos los partidos políticos, quien tendría la responsabilidad de proveer la BU, nos evitaríamos el robo de boletas, los gastos de logística y la desigualdad que presupone delegar en partidos políticos de alcance y despliegue asimétrico la organización de parte del comicio. En ese sentido y con la BU, quien detenta el aparato del Estado, no posee una ventaja con respecto a los partidos de la oposición.

Uno de los principales argumentos que esgrimen los que se oponen a la BU es que ella otorga “demasiada libertad” al votante, y que la consecuencia de esto acarree problemas de gobernabilidad, en tanto podría favorecer la consumación de “gobiernos divididos” en donde el Ejecutivo es de un color y el legislativo de otro, y para el caso citan la reciente experiencia de Santa Fe en donde se dio este caso. En realidad, la posibilidad de gobierno dividido no es un problema de la BU sino del funcionamiento del presidencialismo. Y por otro lado, el gobierno dividido no necesariamente acarrea problemas de gobernabilidad, al contrario, me animaría a decir que el sistema republicano de “frenos y contrapesos” difícilmente pueda ser efectivo en gobiernos que controlan ambas cámaras y el ejecutivo bajo el mismo color partidario.

Otro de los argumentos para denostar al sistema de BU es que favorece el individualismo, la territorialización de la política y el debilitamiento de las construcciones colectivas. Pero vayamos por partes: El individualismo y el proceso de personalización de la política tiene un origen multicausal y posee mayor basamento en las campañas modernas a través de la televisión y los medios de comunicación. El individualismo por sobre el colectivismo, tiene más que ver con la magnitud del distrito, en ese sentido los distritos uninominales tienen mayor responsabilidad que la forma de votación. La territorialización de la política (presentado como algo negativo) aunque en un país federal esto sería motivo de una larga discusión, tiene que ver con la fecha de las elecciones y no con la BU. De ésta manera se favorece la territorialización si se vota separada de la nacional y se desfavorece si se vota junta. De nuevo se le achacan a la BU todos los males cuando nada tiene que ver.

Y finalmente, la estocada (por izquierda) a la BU pretenden dársela aduciendo que la misma rompe la lógica de los partidos políticos debilitándolos y hace primar a los “famosos”, “conocidos” y “taquilleros” por sobre los militantes que han hecho una carrera política. Sin embargo, si el objetivo fuera fortalecer a los partidos políticos, con algunas medidas bastaría. 1) Que la banca pertenezca al partido y no a los legisladores (evita el transfuguismo o borocotización). 2) Que el financiamiento sea administrado por una entidad independiente y autárquica, haciendo hincapié en la formación y capacitación. 3) Que se prohíban las testimoniales, colectoras, listas espejos y demás argucias con las cuales no sólo se vulnera la voluntad del soberano sino que se corrompe y se deslegitima al sistema en su conjunto.

En definitiva, estas pequeñas apreciaciones son sólo aportes para lo que me parece un tema pendiente de República Argentina, que es en definitiva agregarle: transparencia, credibilidad, solidez y robustez a un sistema que empieza mostrarse agotado, y que 14 países de América Latina ya usan hace muchísimo tiempo.