De manual. Así podríamos caracterizar, recurriendo a terminología de la “jerga política”, las crecientes movidas oficiales por reinstalar el tema de la reforma constitucional en Argentina. La estatización de YPF, luego de casi una década de desatinos en la política energética, le permitió al gobierno obtener en ese tema el razonable apoyo de la oposición progresista, liderada por la Unión Cívica Radical. Ese amplio consenso interno pudo resultar clave para resistir las sanciones internacionales fogoneadas por España, que rápidamente se fueron enfriando.

Un éxito que le permitió, además, a la Presidenta escapar al agobio de largos días con los titulares de los principales diarios informando al país sobre el escándalo Boudou, el ex militante de la Ucedeísta y arancelista agrupación universitaria UPAU en los años ochenta, que fue ungido Vicepresidente por el exclusivo dedo presidencial (el dato no es menor puesto que el Vice se autodefinió a modo de defensa como un “hombre nuevo de la política”).

Lo cierto que el “kirchnerismo” demostró una vez más su enorme capacidad de iniciativa política y su desvergüenza por apoderarse de banderas sensibles a una mayoría de los argentinos, causas por las cuales sin embargo hasta pocas horas antes, poco habían realizado. Y como si fuera poco utilizan con habilidad ese clima para avanzar – un paso más – en el proyecto más importante de este segundo mandato de Cristina Fernández: lograr su propia re – reelección.

Creo que desde la oposición no podemos perder tiempo y debemos advertirle a la sociedad, antes de que sea tarde, los riesgos que una reforma de esta naturaleza tendría para las instituciones y el rumbo de la democracia en Argentina. En ese sentido quiero dejarles tres reflexiones para el necesario debate.

La primera reflexión pasa por salir de la trampa que supone la falsa antinomia reformistas – antirreformistas. Milito entre los que suponemos que las instituciones son perfectibles y adaptables a los tiempos. El radicalismo, en tanto partido progresista es reformista por convicción. Sin embargo existe un requisito insoslayable para promover y realizar modificaciones a la Carta Magna: requiere de un amplio proceso de consenso político, algo que no es sinónimo de imposición de mayorías parlamentarias circunstanciales. El actual Gobierno no ha demostrado hasta aquí adherir a este concepto de consenso, algo sumamente peligroso.

La segunda reflexión tiene que ver con la estrategia de la oposición para evitar la imposición de una mayoría circunstancial que represente una reforma a “libro cerrado” por parte del oficialismo. En efecto, la amplia mayoría en ambas cámaras que hoy goza el gobierno, permite suponer que con una elección homogénea en todo el país de poco más del 30 %, aún perdiendo las elecciones en 2013, los dejaría a las puertas de la mayoría especial necesaria para declarar la necesidad de la reforma. Considero que la oposición debe instalar con fuerza el rechazo a la reforma y a la re-reelección para que se transforme en tema de campaña. Estoy persuadido que la sociedad argentina no daría su apoyo en este tema a un gobierno que aparece demasiado comprometido con posiciones hegemónicas y de perpetuación en el poder. Hay, de hecho, antecedentes importantes en los cuales la sociedad rechazó con su voto este tipo de maniobras.

En tercer lugar, la cuestión de la reelección. Ningún instituto, por más superador que sea, vale la pena ser incorporado sobre la base de ceder en uno de los principios centrales del sistema republicano de gobierno: la no perpetuación en el poder. Aún en un sistema parlamentario es saludable garantizar los recambios en los elencos gobernantes. Creo que el radicalismo debe abrazarse con fuerza a esta posición política, por convicción y porque intuyo, tendrá amplia adhesión popular.

Hasta aquí solo algunas ideas de un debate que el radicalismo no debería posponer. El oficialismo ya despliega sus estrategias. Una mesa de constitucionalistas e intelectuales amigos del gobierno reinstaló el tema esta semana en la Facultad de Derecho de la UBA. La cuestión provoca posicionamientos incluso en la prestigiosa Corte Suprema de Justicia, donde a la ya conocida posición reformista de Eugenio Zaffaroni se le sumó en estos días el rechazo de su presidente, Ricardo Lorenzetti y de Carmen Argibay.

Muchas veces nos quejamos que el partido corre detrás de la agenda del Gobierno. Tenemos la oportunidad, en este caso, de anticiparnos y definir, contundentemente, el rechazo de la Unión Cívica Radical a la reforma, no porque la consideremos un libro sagrado, intocable, sino porque lo que el gobierno quiere es tan solo un traje a medida.

Pocos funcionarios públicos inciden de manera tan directa en la vida de los individuos en una sociedad como los son los jueces, y podría decirse que pocos o ninguno concentran tantas facultades y privilegios otorgados por la mismísima Constitución Nacional. Esto es así porque quienes pensaron y diseñaron nuestra República quisieron darles la mayor autonomía, independencia y seguridad a los responsables de administrar justicia. Una de las garantías que les fue otorgada es la de la inamovilidad en el cargo.

Pero también es cierto que en una República los funcionarios públicos no solo tienen prerrogativas, también tienen deberes que cumplir, y en el caso de los magistrados el cumplimiento de ellos es de vital importancia para la transparencia de las decisiones que deben tomar; es por eso que la misma Carta Magna les reconoce su inamovilidad para inmediatamente aclarar que la misma dura mientras el magistrado tenga buena conducta.

Ahora bien, ¿qué sucede cuando esa buena conducta que exige la Constitución, esa ética intachable que supone el ejercicio de la magistratura, se ven una y otra vez seriamente comprometidas? La respuesta debería ser más que obvia, un funcionario al que por su investidura se le exige el más alto nivel de probidad en su desempeño y en su vida pública debe cumplir con ello, de lo contrario por el bien de la República debe ser apartado de la función de administrar justicia.

Lamentablemente otra vez lo que debiera suceder en un sistema republicano que se precie de tal no ocurre en nuestro país y no por que no existan las herramientas. La reforma constitucional del 1994 creó el Consejo de la Magistratura, un órgano pensado para darle mayor transparencia, eficiencia y agilidad a la designación y remoción de jueces.

Confieso que por entonces creí que al fin los argentinos íbamos a tener la justicia que necesitábamos, o al menos iba a mejorar sustancialmente, ya que de esta manera se terminaba en parte con el viejo y enviciado sistema parlamentario del control de la justicia.
Lo cierto es que a poco de comenzar a funcionar el nuevo andamiaje de contralor de nuestro sistema judicial, en el año 2005 la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner impulsó la reforma al Consejo de la Magistratura, argumentando que buscaba mayor eficiencia y participación de los representantes del pueblo. Muchos fuimos los que sospechamos entonces que esa reforma escondía la intención de manipular su conformación de tal manera que fuera funcional a los designios de la Casa Rosada.

Lamentablemente no nos equivocamos.

La prueba de que teníamos razón vive plasmada en la vergonzante e inexplicable permanencia en la función Judicial de un magistrado como el Dr. Oyarbide, protagonista de una larga y tristemente célebre lista de escándalos y bochornos, sospechado y denunciado por sus actuaciones en causas en las cuales finalmente el poder siempre salió indemne. Claro está que cuando estuvo a punto de ser removido la mayoría oficialista le devolvió todos los favores haciendo valer aquella reforma para protegerlo y mantenerlo en el cargo.

Más allá de cualquier cuestión técnica jurídica, como ciudadano creo que los argentinos no nos merecemos vivir en medio de tanta inmoralidad. ¿O acaso no es insoportablemente inmoral que un juez de la Nación ostente un anillo de casi un millón de pesos? ¿No es inmoral tener que tolerar, como sociedad, crecimientos desproporcionados en el patrimonio de los funcionarios públicos?

Si ya no nos dan confianza; si en el ejercicio de su función son sospechados y la justicia que imparten ya no parece justa; si ya no pueden garantizar su independencia; si sus patrimonios se incrementan; si su vida privada es tan escandalosa que enluta su función pública, creo que llegó la hora en que se dignifique esta función tan honorable que deben cumplir los jueces. Es hora que controlen de forma independiente a los otros dos poderes e impartan justicia conforme a la ley y no a su bolsillo.

Es hora que un juez como Oyarbide deje de representar uno de los pilares de nuestro Estado de Derecho. Es hora que esa garantía de inamovilidad, sea garantía de una verdadera justicia fundada en la libertad e igualdad para toda la sociedad.

La relación entre las gestiones de los Kirchner (Néstor y Cristina) y de Mauricio Macri, es una historia de complicidades,  irresponsabilidad y primitivismo político que algún día será escrita en toda su real dimensión. Ya en diciembre de 2010, durante la toma del parque Indoamericano, la estrategia de pasarse la pelota alcanzó su paroxismo. Ahora, con la tragedia de ONCE como telón de fondo, acaba de escribirse un nuevo capítulo.

La ministra Garré informa que la Policía Federal ya no va a resguardar la seguridad en los subterráneos de Buenos Aires. Macri le responde anulando los avances realizados para el traspaso a la Ciudad del subte, un viejo reclamo que él mismo usó como bandera durante años. El Jefe de Gobierno, en una misma acción, reconoce no sólo su incompetencia para hacerse cargo del medio de transporte preferido por los porteños; también acepta, indirectamente, que la Policía Metropolitana (su máxima creación), tampoco puede extenderse más allá de un par de barrios coquetos de la Ciudad.

Antes, el Gobierno “nacional y popular” de los k, urgido (por el agotamiento de la fiesta) a acabar con el festival de subsidios montado con pasión durante casi una década, le arrojó “por la cabeza” a la Ciudad los subterráneos. Incómodo, Mauricio aceptó y sin temblarle el pulso realizó su único acto de gestión en los mismos hasta que ayer decidió devolverle a la Casa Rosada la papa caliente: llevó la tarifa de 1,10 a 2.50 pesos.

Los porteños somos rehenes del espectáculo montado por dos gobiernos (el nacional y el local) que se eligen mutua y perversamente como oposición y relegan los intereses de los ciudadanos que no obstante (hay que decirlo), votaron mayoritariamente felices y contentos por ambos gobernantes (en los cuartos oscuros porteños fue muy común encontrar combinada la boleta FpV / Pro en las últimas elecciones nacionales). Ello no transfiere responsabilidad. Los pueblos tenemos derecho a equivocarnos. Pero también tenemos la obligación de aprender.

Ha llegado la hora que ambas gestiones rindan cuenta, pues tampoco gobiernan (ninguno de los dos) desde hace dos días. Mauricio Macri, mal que le pese a sus asesores comunicacionales, debe saber que su carrera presidencial no nos interesa a los ciudadanos (a los que lo votaron y a quienes no lo hicimos). Queremos verlo gobernar sin decir “no puedo” o “no me dejan”. Los navideños mensajes de concordia y buena fe enviados sobre fines del 2011 a la Casa Rosada no resultan simpáticos a la luz de la tragedia cotidiana a las que nos someten.

Para decirlo más claro, pareciera que quieren vendernos un “hombre de diálogo” que en verdad no dialoga, un “gestor eficiente” que en verdad no gobierna, un “representante de la nueva política” que en verdad huele a más de los mismo. “Que Mauricio haga la plancha y los radicales oposición salvaje al kirchnerismo en el Congreso, que así llegamos” escuché decir a algún militante Pro por estos días. Más claro aún: la tragedia kirchnerista no hace de Macri un santo. Los radicales hacemos desde hace años clara oposición en el Congreso Nacional (donde también se sientan representantes PRO no siempre activos), pero también en la Ciudad.

La política nos brinda a los progresistas de Buenos Aires la oportunidad histórica de construir una alternativa para gobernar la Ciudad. Para hacernos cargo, tenga el signo que tenga el gobierno nacional y rece lo que rece el credo comunicacional de la época. La bravuconada kirchnerista en la Ciudad ha quedado al desnudo: perdidosos, se retiran no sin cierto ánimo de venganza y revanchismo: “puesto que los porteños no nos votan que se arreglen”, se escucha en los campamentos k porteños. Ahí también hay una oportunidad, la de construir un verdadero espacio progresista en la Ciudad, serio, responsable y con los ciudadanos en el centro del interés. Vamos a hacerlo.

La creciente determinación de los ciudadanos de vivir en un entorno más sano y la prédica de numerosas organizaciones de la sociedad civil que alertan sobre las dramáticas consecuencias que tiene para los pueblos la desidia (o complicidad) de sus representantes en el tema ambiental, se ha convertido en el nuevo gran desafío que enfrenta nuestra democracia.

El reclamo de los habitantes de Famatina (La Rioja) y Andalgalá (Catamarca), en torno a las consecuencias de un tipo de explotación minera (la que utiliza cianuro y envenena nuestras aguas) son un claro ejemplo tanto de compromiso ciudadano, como de las distancias cada vez más profundas que surgen entre los gobiernos y sus representados cuando lo que está en juego no son sólo los intereses de la población (en este caso la salud), sino también poderosos intereses económicos.

Las primeras respuestas no son alentadoras. En los dos casos mencionados, quienes se manifestaron en defensa de un ambiente sano fueron víctimas de una rabiosa represión ordenada por el poder político local ante la anuencia del gobierno federal. Más grave aún, la administración de Cristina Fernández de Kirchner impulsó y logró aprobar en el Congreso de la Nación, a fines del año pasado, la nefasta ley “antiterrorista”. Ya no quedan dudas acerca del verdadero objetivo de esta norma claramente inconstitucional que avala la
advertencia opositora de que “el modelo cierra con represión”.

Hay más ejemplos en el país, uno de ellos paradigmático, porque involucra nada más ni nada menos que al Secretario de Medioambiente de la Nación Juan José Mussi. El caso de la subestación eléctrica Rigolleau que está siendo construida por Edesur en pleno casco urbano de la ciudad bonaerense de Berazategui (de la cual Mussi fue Intendente cuando comenzó el conflicto y hoy lo es su hijo Juan Patricio) tiene todos los condimentos de Famatina y Andalgalá con el agravante de que no ha logrado suscitar la atención de los medios de comunicación (en los cuales Edesur posee poderosas pautas), garantizando el ostracismo para los que allí pelean por su calidad de vida.

La lucha de la “Asamblea de vecinos autoconvocados por el traslado de la Subestación Rigolleau” data del año 2005, cuando los vecinos se dieron cuenta que los cables que estaban instalando frente a sus casas eran de alta tensión y tenían como destino alimentar una futura subestación ubicada en las calles 145 y 21. En más de 5 años se constituyó un movimiento social que nunca abandonó el reclamo de traslado de la subestación fuera del casco urbano de Berazategui.

Creyeron (y lo siguen haciendo), en el diálogo, comenzando por quien más al frente del reclamo debiera estar: el propio municipio. Se basan en prestigiosos trabajos epidemiológicos internacionales que muestran cómo campos magnéticos de frecuencias extremadamente bajas (ELF), disparan la probabilidad de leucemias en niños expuestos. Tanto la estación transformadora, como los tendidos asociados de líneas de alta tensión, que crearán campos magnéticos en una amplia y habitada franja urbana, conforman una amenaza ineludible para la salud de las personas.

Los asambleístas de Berazategui denuncian que los campos magnéticos de frecuencias extremadamente bajas fueron clasificados como “posibles cancerígenos humanos” (grupo 2B) por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), un organismo situado en Lyon (Francia) que trabaja junto a la Organización Internacional de la Salud (OMS). Agregan que las autoridades parecen olvidar también que en Argentina rige el Principio de Precaución por el imperio del Artículo 4° de la Ley Nacional de Ambiente 25675.

El pasado 13 de febrero los alrededores de la Subestación Rigolleau aparecieron vallados, y cientos de policías y gendarmes impiden la libre circulación dejando encerrados a los vecinos de la zona que deben mostrar sus documentos para poder ingresar a sus domicilios. Ni las autoridades de Edesur, ni el Intendente Juan Patricio Mussi, ni el Secretario de Medioambiente Juan José Mussi atinaron hasta aquí a recibir a los asambleístas. Gustavo González, docente universitario y militante radical, que participa activamente de las asambleas desde el inicio del conflicto, denunció que la población tiene miedo y teme por la seguridad de los ciudadanos que antienen esta lucha.

En Berazategui, una vez más, están en juego derechos humanos esenciales, garantizados por nuestra Constitución Nacional. Ambiente sano, desarrollo sustentable, libertad de expresión y reunión, integridad personal de los ciudadanos, protección frente a los abusos de poder. Lo que está en juego, en definitiva, es la democracia.

Me pregunto: ¿cuántos casos Berazategui hay? Estoy convencido que muchos. Es preciso movilizarnos y comprometernos por una democracia cabal, en la cual los representantes del pueblo lo sean verdaderamente y los que luchan no reciban como respuesta la visita de la policía.

Es cierto que el veto es un derecho constitucional del Jefe de Gobierno, pero como todo, que se pueda hacer no significa que esté bien y mucho menos que sea sano llevarlo a cabo. Más cuando se trata ya no de una excepción a la regla, sino de una costumbre reiterada. Gravísimo cuando la ley vetada versa sobre la educación de nuestros hijos.

¿Será que Macri tiene miedo?

Seguramente todos tenemos muy vívidas aún las imágenes y los sucesos acontecidos hacia fines del año pasado en la legislatura al momento de discutir y sancionar la ley 4119, fuertemente cuestionada desde diversos sectores. Más allá del resultado y de las formas, si algo bueno surgió de ese proceso fue la decisión y consecuente incorporación al proyecto original de la realización en el presente año de un congreso pedagógico para debatir el presente y el futuro de la educación de los porteños.

A mi no me queda duda alguna que el veto es una mala decisión. Debatir sobre la educación en la ciudad, de manera abierta, democrática y participativa; de forma coordinada y responsable, con el Estado como moderador e impulsor del debate, siempre es una acción positiva.

Aún cuando los niveles de calidad y equidad sean óptimos o ideales (éste no es el caso, por cierto), ¿alguien puede dudar de las potencialidades y bondades de dar debates de éste tipo, en los que la sociedad, sus actores políticos y civiles se congregan para discutir los temas de mayor trascendencia? Yo no.

Muy por el contrario, considero que estos ámbitos no deberían ser fruto de la voluntad individual, sino espacios institucionales dinámicos y plurales. Las decisiones políticas deben atender a las necesidades de una sociedad que quiere involucrarse, deben ser proclives a generar ese compromiso y constituir los medios y ámbitos propicios para ese fin. No vetarlos.

Sí, debe ser miedo. Miedo, probablemente, a un fuerte cuestionamiento. A que del debate surjan a la luz las debilidades de una política educativa basada casi exclusivamente en obras de infraestructura y en marketing. Los argumentos esgrimidos para fundamentar tan poca decorosa decisión, no dan lugar a imaginar otra motivación.

¿Qué no podrían cumplirse los días de clases? ¿Falta de coordinación? ¿Qué no hay presupuesto para ese fin? ¿Qué ya se discutió en el 2006? Los fundamentos del decreto 53/12 que veta la realización del congreso pedagógico no sólo son irrisorios, sino también insultantes.

Primero, si es el propio Estado quien constituiría el congreso pedagógico, ¿está diciendo que el mismo no tendría la capacidad de cumplir con ambas responsabilidades? Y por otro lado, ¿de verdad considera el ingeniero que 10 días más de clases es la fórmula mágica para la solución de los problemas y las desigualdades educativas de la ciudad? ¿Tan efectiva como para impugnar un espacio institucional de debate serio en materia educativa?

Segundo, si no hay ni presupuesto ni capacidad de coordinación, ¿eso no desnuda la inoperancia de su propia gestión? ¿O quien administra los recursos de la ciudad?

Y por último, en el 2006 se discutió y sancionó una Ley de Educación Nacional que establece, entre otras cosas, que cada distrito debe acoplar su legislación a esa norma.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no ha dado ni siquiera un pequeño paso en esa dirección. ¿No sería un congreso pedagógico un buen comienzo en ese sentido? Además, vaya pobreza argumentativa para desconocer que los avances en materia de educación que pueden darse en un lustro no ameritan siquiera la rediscusión ni revisión del sistema.

Sí, el Jefe de Gobierno debe tener miedo de someter a la discusión abierta y democrática de la sociedad el presente y el futuro de la educación porteña. Si no, no se entiende el veto al congreso pedagógico.

El 18 de enero los argentinos, quizás, dediquemos algunos minutos a recordar a Arturo Umberto Illia, ex presidente de la Nación (1963-1966), a quien hemos reconocido como un gran hombre, como es costumbre nacional, luego de su muerte.

Los radicales concurriremos al cementerio a honrar a uno de nuestros principales próceres, de una galería de figuras que nos enorgullece y que hunde sus raíces en el siglo XIX. De Alem a Alfonsín, el radicalismo tiene una gran lista de patriotas que dejaron su vida por su pueblo. Ningún sinvergüenza ocasional puede quitarle brillo.

El radicalismo argentino está vivo, en buena medida, por su capacidad de refundarse de la mano de estos militantes diferentes, peculiares, que nos mostraron, a veces con aciertos, otros equivocados, el camino. Recordarlos, honrarlos, significa entonces buscar en ellos las claves del futuro que debemos construir.

Esta es la manera que elijo de recordar a Illia en el 29 aniversario de su muerte: pensar en el futuro del partido (y de la Nación), plagado de dificultades en este presente en que me toca (nos toca) actuar.

En este mismo blog he escrito hace poco tiempo mi convicción de que el radicalismo sufría una doble crisis: de identidad y de conducta. Pocos radicales condensan como don Arturo esas dos palabras en una sola. Es que para él ser honesto era ser radical, y viceversa.

Nuestro partido envejece. Las generaciones más jóvenes eligen mayoritariamente otros espacios políticos para canalizar su vocación pública. Cuando un joven se acerca y pregunta por qué motivos debería militar en el radicalismo, las respuestas, cuando las hay, no suelen resultar convincentes.

Creo que es ahí cuando nos debemos acordar más de Illía, a la hora de responder esa pregunta mirando a los ojos de nuestro interlocutor: “Para ser como Illia”, debiera ser el inicio de nuestra respuesta. Más que una invitación, una advertencia.

Advertir que en el radicalismo, en el de don Arturo, no se viene a servirse sino a servir.

Advertir que al radicalismo se viene a luchar, no por el poder, sino por los principios que deben ordenar el ejercicio del gobierno.

Advertir que es muy difícil ser radical y ser rico. Las maneras honestas de hacerse ricos son incompatibles con el tiempo que demanda la militancia partidaria.

Advertir que los “atajos” nunca son buenos, y ello se puede corroborar en la conducta política de Don Arturo.

Luego de esta advertencia, podremos hablar mucho tiempo de las luchas radicales, desde el llano y desde el gobierno. Podremos convencer a nuestro interlocutor que se puede ser honrado y eficaz. Que el “roban pero hacen” es una trampa para saquear al pueblo.

Podremos hablar, entonces sí, del partido moderno que debemos construir. De la necesidad de actualizar nuestras instituciones, de profesionalizar ciertos ámbitos de la vida partidaria, de políticas de alianza con otras fuerzas afines, de la búsqueda del gobierno.

No puedo afirmar si lograremos revertir la tendencia y seducir al grueso de la juventud argentina. Es posible que ello sea el resultante de una tarea más compleja. Pero estoy convencido que quien se sume a partir de esta advertencia – invitación (para ser como Illía) será radical para siempre.

 
“Si estamos defendiendo los intereses del pueblo, pues no tengo ningún problema en que seamos una escribanía”. Julián Domínguez, Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.

 
Podría tratarse de una más de las abundantes obsecuencias hacia la Presidente Cristina Fernández de Kirchner por parte de sus colaboradores. Pero habiendo surgido del hombre que está ubicado en el cuarto lugar de la sucesión presidencial argentina amerita, al menos, llamar la atención sobre la superficialidad, frivolidad e irresponsabilidad con la cual se expresan y actúan las principales espadas kirchnerista.

 

La hiperactividad del Congreso de la Nación en las últimas semanas del año podría presumir la robustez de nuestras instituciones. Sin embargo, la casi total ausencia de debate en leyes claves, sumado a los modos y al destrato por parte de las contundentes mayorías oficialistas hacia la oposición, permiten imaginar tiempos difíciles para los defensores de la división republicana de gobierno. Frente a ello, la expresión de Domínguez, sin duda, desafortunada, no deja de ser un profundo sinceramiento.

 
Todos los actos del gobierno desde las pasadas elecciones de 23 de octubre vienen confirmando la imposición de una nueva “cultura” política tendiente a degradar todas las expresiones institucionales de equilibrio del poder y respeto por las minorías y la pluralidad de ideas. Baste recordar, desde lo simbólico, las circunstancias que rodearon la sucesión presidencial.

 
Más grave resulta cuando todos estos actos son realizados en nombre de los “intereses del pueblo”. Como si los millones de argentinos que no votaron por este gobierno formaran parte del “anti pueblo”. La burda simplificación, cargada de cinismo, es además un ejemplo de la baja calidad formativa y argumentativa de los dirigentes oficialistas.
 
Frente a ello cabe esperar que los diputados y senadores de la oposición despierten y comiencen por plantear el respeto a su propia investidura, que no es otra cosa que el reconocimiento a su condición de representantes, ¡también ellos!, del pueblo que los votó. Si se permiten abusos porque “arrasaron en las urnas”, es posible que la reacción llegue tarde.

 
Es tiempo de legisladores valientes que, como aquel bloque radical de los 44, supo entrar en la historia como límite último a los deseos del fundador del peronismo de convertir el país en una democracia plebiscitaria y al congreso en una escribanía del gobierno. Es lo que esperamos de la oposición, al menos de la que consideramos la valla más importante al avasallamiento de las instituciones, la Unión Cívica Radical.
 

La crisis radical no es de sus instituciones, es de identidad y es de conducta

Es saludable que los radicales asumamos que el partido está en crisis, pues ello es vital para trabajar en el cambio que necesitamos.

Lo primero que debemos establecer es su naturaleza. Desde mi perspectiva, el resultado electoral de agosto y octubre es apenas un emergente de una crisis más duradera, sobre la cual las generaciones más jóvenes del partido venimos alertando desde hace años.

La crisis radical es, esencialmente, de identidad. Y es de conducta. Dos elementos constitutivos del ADN radical cuya reparación no depende de la modificación de la Carta Orgánica. Para decirlo más claro, no se trata de las reglas sino de la predisposición de todos a cumplirlas.

Como reformista convencido, no me opongo a revisar nuestras instituciones partidarias.

Siempre es posible mejorarlas de manera que en siglo XXI sigan cumpliendo los objetivos fundacionales de la UCR. Pero caeríamos en voluntarismo político, o lo que es peor, en mero maquillaje coyuntural, si depositamos en esa reforma nuestras expectativas de superación de la crisis partidaria.

Cabe esperar que, de avanzarse en una modificación a nuestra ley partidaria
fundamental, se realice cumpliendo los plazos y requisitos que ella misma establece para su reforma. Algo elemental en el partido del respeto a ley.

También deseamos que sea producto de un debate profundo, horizontal y democrático, que otorgue participación al afiliado y a los militantes, ausentes en todas las decisiones partidarias de los últimos tiempos.

Sostengo que la crisis es de identidad. Lo primero que debemos establecer es que el radicalismo no es un partido de “poder”, sino de “principios”. No es un juego de palabras ni una apelación a convertirnos en una fuerza testimonial.

Sencillamente digo que es en torno a nuestros principios que debemos reunir a las mayorías que aspiramos a representar.

Ello nos conduce a otro elemento importante a la hora de definir la “identidad” radical: el sujeto de representación.

Claramente el peronismo kirchnerista nos arrebató la representación de los sectores medios de la sociedad, en tanto pudo encarnar el ideal de progreso y movilidad social, demandas específicas de este sector de la población.

Paralelamente a que sus políticas, de cuño populista, pero distributivas al fin, le permitieron afirmarse en las capas más pobres, donde el peronismo es fuerte desde su fundación.

¿Qué ha hecho la Unión Cívica Radical ante esto? Para mí está claro: mutó en una fuerza más conservadora y renunció a la representación de sus bases históricas.

Recuperar nuestra identidad supone entonces dar la batalla por la representación de los humildes y de la clase media. Es eso o ser el partido que represente a las corporaciones y a los sectores más concentrados.

La otra cara de la crisis, en mi opinión, es de conducta. Es cierto que, confundida o bastardeada la identidad, cada dirigente o cada sector partidario hayan sentido el derecho de actuar de la manera que más se ajusta a su propia interpretación de la misma. He aquí el meollo de la cuestión, la profundidad de la crisis. Aún así, asumiendo cierta justificación al “sálvese quien pueda”, considero que hemos llegado a niveles intolerables de insolidaridad política entre integrantes de un mismo partido.

No me refiero tanto al triste “festival de egos” que caracteriza a nuestra actual dirigencia partidaria. Hago hincapié en un hecho que pinta la inconducta partidaria con toda claridad: hemos ido a una elección nacional con un candidato que pese a su gran despliegue militante, acabó aislándose del partido y de la militancia, que se rodeó de una camarilla que lo mal aconsejó (como toda camarilla), y que se convirtió en un candidato autista. Como contrapartida asistimos impávidos al abandono a su suerte, desde la más alta esfera partidaria (y de ahí para abajo propagado como mancha de aceite), del candidato y de la fórmula.

“Doctrina para que nos entiendan, conducta para que nos crean”. He aquí el programa de las nuevas generaciones del radicalismo, inspirado en el más lúcido de los intelectuales de nuestra historia partidaria, y a la vez el más completo militante. No se trata de reformas apuradas ni de maquillajes.

Mucho menos de hombres providenciales. Se trata, a mi entender, de dar paso a una profunda y verdadera renovación partidaria, que nos reencuentre con la esencia del “ser” radical, que es la representación de los que más nos necesitan desde la concepción de la emancipación del hombre de toda servidumbre, con la legitimidad del militante que se sacrifica por sus conciudadanos desde la transparencia de su conducta ética. Estoy persuadido que ese es el radicalismo que la gente anhela y que esa debe ser la catadura moral de las mujeres y hombres que encumbremos en el proceso partidario que viene, en el cual, estoy convencido, las nuevas generaciones deben tener un rol absolutamente protagónico.

Amig@s, en pocos días asistiremos a las urnas una vez más para elegir democráticamente, no sólo al Presidente de la República por los próximos años, sino también a gobernadores, intendentes, senadores, diputados, etc. Sea cual fuere el resultado de las mismas, es importante señalar que el Congreso que viene tiene una enorme responsabilidad, que es legislar con convicción, controlar al resto de los poderes (Ejecutivo y Judicial) y ser el lugar del debate de la Argentina de los próximos años.

Por estos días, estuvo circulando en los medios (y varios candidatos se expidieron en tal sentido), la posibilidad de una Reforma Constitucional para pasar a un sistema parlamentario de gobierno. Lo que conllevaría a la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner pueda superar la imposibilidad de un tercer mandato. Así las cosas, CFK podría completar sus dos mandatos como presidenta de la nación y luego ser electa “Primer Ministro”, o “Canciller” tal es el caso de Angela Merkel en Alemania.

Ya varios “intelectuales” como Ernesto Laclau (de consulta corriente con la Rosada) se expidieron elípticamente en tal sentido y dijo que “la reelección indefinida es la fórmula más democrática en América Latina”. Pero no sólo la usina de pensamiento Kirchnerista opera en tal sentido, también varios funcionarios manifestaron su adhesión a tal sistema como Diana Conti o el propio Ministro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, aunque este último, y para ser justos, apoya al parlamentarismo desde siempre.

Ante estos planteos, muchos salieron a calmar las aguas diciendo que la mínima mención del mismo operaría en la lógica de mantener controlada la interna del PJ, otros, muy por el contrario dicen que el proyecto cobraría fuerza y vigor si el gobierno obtuviese una victoria aplastante el 23 de Octubre.

En cualquiera de los dos casos, quisiera manifestar mi absoluto rechazo a la posibilidad de reformar la constitución para permitir que una misma persona puede ser Jefe de Gobierno por más de dos períodos consecutivos. Si bien no me cierro a los debates acerca del mejoramiento de la forma de gobierno (soy reformista por convicción y formación), soy de los que creen que antes de reformar constituciones, primero hay que cumplir las que están vigentes, y la nuestra dista bastante de lograr tal estadío.

En este marco, recobra importancia la elección legislativa del próximo domingo. La UDESO tiene una postura clara, con hombres y mujeres de trayectorias intachables y que garantizan los equilibrios necesarios para la defensa de la república y el sistema de frenos y contrapesos.

Mi compromiso como joven radical que aspira a representar a la UCRCapital desde la Cámara de Diputados es trabajar por ustedes, y para ello me parecía de suma importancia no ser ambiguo en este punto.

ENLACE: http://cadenaba.com.ar/nota.asp?Id=3720

Si hay una problemática relacionada a la cuestión de género que conlleva a profundizar las desigualdades sociales, es la relacionada a todos los aspectos de la salud sexual y reproductiva de la mujer.

No existe en la Argentina ninguna política pública seria ni educativa acerca del control de la natalidad. Las mujeres pueden retirar de los hospitales públicos métodos de anticoncepción de manera gratuita (preservativos y pastillas anticonceptivas), pero la entrega no está acompañada de información acerca de su utilización.

Teniendo en cuenta que son las mujeres de bajos recursos las que concurren a nosocomios públicos, es el sector social donde se encuentra el mayor número de embarazos no deseados. Los métodos anticonceptivos son utilizados de manera incorrecta, provocando embarazos no deseados en mujeres de corta edad, adolescentes y niñas.

Una política de educación es fundamental para la prevención de muchas situaciones evitables que llevan a la mujer a poner en peligro su propia vida. Campañas de difusión y profesionales que acompañen la entrega de métodos anticonceptivos a partir de la información acerca de su correcta utilización, como también información general sobre otros métodos de prevención de embarazos no deseados y de cómo evitar contraer enfermedades de transmisión sexual son esenciales para evitar situaciones de riesgo.

La educación sexual debe ser obligatoria en las escuelas. Hoy los jóvenes inician su vida sexual cada vez a más temprana edad. Métodos preventivos y de anticoncepción deben ser los pilares en esta materia, como así también todo lo relacionado a una vida sexual libre y sana.

Otro tema que debemos tener en agenda es lo relacionado al control de la natalidad. Es común ver familias numerosas en los sectores más desposeídos de nuestra sociedad.

La mujer debe tener la libertad de tomar las decisiones con respecto a su cuerpo, pero desde ya debe obtener toda la información acerca de los beneficios y las consecuencias que esas decisiones comprenden para que la decisión final sea tomada con absoluta conciencia.

Por supuesto que si hablamos de salud sexual y reproductiva no podemos dejar de hablar de un tema que sabemos es controversial, pero es sin dudas el más problemático en este aspecto: el aborto.

La interrupción voluntaria del embarazo es ilegal en la Argentina, salvo en casos excepcionales donde es no punible. La única posibilidad ante esta situación es una autorización de la justicia, pero el trámite demora tanto que al estar el embarazo avanzado la realización del aborto se vuelve de alto riesgo para la mujer.

Lo cierto es que a pesar de la ilegalidad se practican miles de abortos en nuestro país. Mujeres de todas las edades y de todos los estratos sociales recurren a esta práctica para terminar con un embarazo no deseado.

Las estadísticas muestran que el número de muertes de mujeres por abortos mal practicados está en constante crecimiento.

En este punto las desigualdades sociales se profundizan. Las mujeres que tienen recursos pueden acceder a una práctica segura en sanatorios privados, donde sus vidas no corren riesgos ante las contraindicaciones que pueden provocar la práctica de un aborto (infecciones, dolores abdominales agudos, hemorragias, entre otras).

Sin embargo, las mujeres que no poseen recursos son sometidas a situaciones infrahumanas sin ningún tipo de control, a veces con falta de higiene y en lugares que lejos están de tener las condiciones mínimas para un procedimiento de estas características. Las contraindicaciones que se pueden presentar no son atendidas y así llegamos a situaciones que llevan a la muerte como las infecciones no tratadas o las hemorragias no controladas.

En la Argentina muchas mujeres se han practicado abortos. El debate acerca del tema debe ser tomado de manera seria, responsable y rompiendo con prejuicios. Es necesario brindar un marco legal a esta problemática para garantizar una verdadera igualdad de derechos. El Estado debe hacerse cargo y poner a disposición sus instituciones de la salud para que las mujeres de bajos recursos dejen de acudir a lugares clandestinos que derivan en la muerte de muchas de ellas.

Solo el estado puede garantizar la igualdad de oportunidades. La educación desde temprana edad en las escuelas, colegios secundarios, en los hospitales públicos, en los nosocomios privados acerca de las opciones y sus consecuencias, como así también la garantía del derecho a elegir, deben ser prioridades en el diseño de las políticas públicas.

Porque estoy a favor de la vida, no me resigno a que siga aumentando el número de mortalidad materna en la Argentina. La concientización y el respeto de la libertad de elección de la mujer debe ser el paradigma que guíe una política educativa masiva y el real goce de un sistema igualitario para todos y todas.